Autoridades municipales evidencian el
desmantelamiento de ayuntamientos por parte de autoridades salientes en la entidad poblana
En Huauchinango y Cañada Morelos, se
vive un estado de indefensión y emergencia.
Irregularidades en los procesos de entrega-recepción,
crean crisis en inseguridad, servicios públicos y desvío de recursos.
Legisladores piden la intervención de
la Auditoría Superior del Estado para deslindar responsabilidades
Contextos Regionales.- Puebla, Pue. | Pablo Hernández | El presidente municipal de
Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, denunció que en general en toda la Sierra
Norte de Puebla, las anteriores administraciones dejaron prácticamente
“desmantelados” los municipios a las autoridades entrantes, incluyendo el rubro
de seguridad, el cual se ha visto evidentemente afectado por la presencia de
bandas relacionadas al crimen organizado, dedicadas particularmente al robo de
combustible en toda esta región.
En encuentro con los diputados integrantes de la
Comisión Inspectora de la LX Legislatura del Congreso del Estado, sentenció que
es preocupante para toda la población de las comunidades serranas la situación
de violencia e inseguridad que viven, por lo que urgió a los legisladores, a
que los ayuden a reestablecer el orden público y sobre todo la vigilancia en
Huauchinango, particularmente con el establecimiento de un C5 en aquel
municipio.
No dejó de mencionar la problemática por la cual
atraviesa el ayuntamiento de Huauchinango, en los rubros de recolección de
basura, la ejecución de obras públicas de pésima calidad, así como la infuncionalidad
de una planta tratadora de agua potable y cuyo costo superó los 170 millones de
pesos, la cual fue inaugurada hace aproximadamente 20 meses y que fue ejecutada
por el Gobierno del Estado.
Del mismo modo, acusó que enfrentan una deuda de
anteriores administraciones por un monto de 140 millones de pesos ante la
Comisión Federal de Electricidad, los cuales son impagables, por lo que también
pidió la intervención de los legisladores para resolver esta problemática.
Sentenció que la delincuencia organizada está en su
“total apogeo” en toda esa región de la entidad, hechos que se ven aún más
afectados ante la ausencia de plataformas de tecnología, como son las cámaras
de video-vigilancia, pues únicamente funcionan dos de ellas.
En cuanto a la “herencia” de la anterior
administración, ilustró que también fueron afectados en el parque vehicular, no
solo en las patrullas sino en general de todo el ayuntamiento, el cual está
prácticamente inservible, por lo que solicitó el acompañamiento de una comisión
por parte del Congreso del Estado, para que den cuenta de la situación que
priva, y lo que ha llevado a la autoridad municipal y a sus pobladores a caer
en un estado de indefensión y emergencia.
Dentro de estas mismas demandas, el presidente del
Concejo Municipal de Cañada de Morelos, David Cid Huerta, denunció hechos
similares en el ayuntamiento por toda la serie de irregularidades que dejó la
anterior administración encabezada por el edil de Gaspar Rojas Torres.
También, denunció la grave incidencia de
criminalidad y violencia que se vive en esta región del estado, por lo que
solicitó la intervención del Poder Legislativo ante el Gobierno del Estado.
Por su parte, la diputada Mónica Lara, asentó que
la Comisión Inspectora puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado, la
práctica de visitas y auditorías a los sujetos de revisión, por lo que pidió
que los denunciantes cuentan con un término de 90 días a partir del primer día
de su gestión, para presentar los procedimientos del estado en que encontraron
los ayuntamientos por parte de las autoridades municipales salientes.
En este sentido, el diputado Miguel Trujillo de
Ita, exhortó a las autoridades municipales a que denuncien estos hechos ante la
propia Auditoría Superior del Estado y tomen cartas en el asunto y al mismo
tiempo, hagan del conocimiento de la LX Legislatura para que sean puestas a
consideración de las comisiones y del pleno para su análisis y discusión.
