La LXV Legislatura da entrada a propuesta de Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz
Remiten a la Comisión de Hacienda del Estado la propuesta del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que prevé la aplicación de medidas para
disminuir el gasto gubernamental.
Contextos Regionales.- Xalapa, Ver. | Raúl Contreras | La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio
entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de austeridad en la
planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control del gasto
gubernamental, como política pública en la entidad.
Lo anterior para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de
los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado.
La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes
públicos.
También la incorporación de todos los funcionarios a
los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de
establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro,
así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos
médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
De igual forma busca evitar el engrosamiento del
aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas
plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el
uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los
cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o
ajenas a su función.
Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del
Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la
población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad
se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función
pública.
Plantea restringir el gasto en propaganda oficial,
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y
concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número
de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
Entre otras cosas propone establecer límites para
que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato
anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales o la inflación.
No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos,
mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.
