Proponen
diputados del PAN nueva Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz
La
diputada María Josefina Gamboa presenta este proyecto que prevé adecuar la ley
estatal con las disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos
humanos
Dip. María Josefina Gamboa Torales (PAN) |
Contextos
Regionales
Raúl Contreras
28/03/2017
Para
que Veracruz cuente con una nueva Ley de Victimas que proteja y tutele los
derechos humanos, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) a
través de la diputada María Josefina Gamboa Torales, presentó una iniciativa a
fin de adecuar la legislación estatal con la Ley General y los tratados
internacionales sobre el derecho de las víctimas.
Durante
la quinta sesión ordinaria, del primer receso, la diputada Gamboa Torales
expuso el proyecto de ley, el cual deja sin efectos los nombramientos de los
comisionados que actualmente integran la Comisión Ejecutiva de Atención
Integral a Víctimas del Delito del Estado, asimismo crea una nueva Comisión que
contará con un mando unipersonal, que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda,
la Asesoría jurídica y el Registro Estatal de Víctimas.
Se
prevé fortalecer la actuación del Asesor Jurídico Estatal, como mecanismo para
hacer valer los derechos de las víctimas y cubra todos los procedimientos
derivados de un hecho victimizante.
También
pretende flexibilizar los mecanismos para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral, y define la figura de recursos de ayuda, como diversos
gastos: alimentación, hospedaje, transporte, entre otros, que deben ser
concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas
obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Reconoce
como grupo vulnerable a los migrantes, personas en situación de desplazamiento
interno, personas con discapacidad, periodista y defensores de derechos
humanos.
Establece
que las víctimas, en casos urgentes o en
aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención,
podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda
correspondiente. Integra el interés superior de la niñez, como principio rector de los similares que guían
los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.
Dip. María Josefina Gamboa Torales (PAN) |
Esta
ley obligaría a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno –en sus
respectivas competencias- a velar por la protección de las víctimas, a
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
Las
autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en
ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que
denuncie.
La
víctima tendría derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para
lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre
y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos, entre otras
disposiciones.
En
los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos
contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, los Ayuntamientos, o cualquier otra
institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los
derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de
ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la
verdad y reparación integral de las víctimas.
La
exposición de motivos señala que la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz,
publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de noviembre de 2014, presenta
diversas inconsistencias y disposiciones que ya han sido rebasadas a la luz de
protección y salvaguarda de los derechos de las víctimas, por lo que es
necesaria una nueva Ley que esté acorde a las exigencias actuales.
A
partir de la entrada en vigor de esta ley y por única ocasión, el titular del
Poder Ejecutivo remitiría a Congreso del Estado una terna, para que de entre
ellos el Pleno realice el nombramiento del Comisionado Ejecutivo estatal, previo
procedimiento establecido en la ley.
En
un plazo de 150 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley: las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y
las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus
competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su
normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas.
Esta
iniciativa, -a la que se sumaron los diputados del grupo legislativo de MORENA-
fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.