AUTORIZAN A EJECUTIVO TLAXCALTECA CONSTITUIRSE
EN AVAL DE TET ANTE EL ISSSTE
EXHORTAN A PGJE Y TSJE
INSTRUMENTAR ACCIONES QUE IMPIDAN FILTRAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS
PÚBLICAS MUNICIPALES
Contextos Regionales.-
En sesión
ordinaria, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen formulado por las Comisiones
de Finanzas y Fiscalización y la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y
Previsión Social por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Tlaxcala, para que se constituya en aval o garante solidario del
Tribunal Electoral de Tlaxcala ante el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respecto al convenio relativo
a la incorporación de los trabajadores y los beneficiarios de éstos del citado
Tribunal, a los derechos y beneficios que otorga ese Instituto en materia de
seguridad y servicios sociales.
Al dar a conocer el citado
dictamen, el diputado Alberto Amaro Corona, refirió que para que el Tribunal Electoral
de Tlaxcala pueda llevar a buen término los trámites de afiliación ante el
ISSSTE, requiere que el Ejecutivo del Estado se constituya en su garante
solidario ante el citado Instituto, para que en caso de mora en el entero de
cuotas del Tribunal ante el ISSSTE, éste solicite a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la afectación de las participaciones del Estado para garantizar
el entero de cuotas, quien a su vez afectaría el presupuesto correspondiente al
Tribunal para resarcir el pago señalado.
Así también reiteró, que la
medida es solo de carácter preventivo de acuerdo a la normatividad del ISSSTE,
pues en ningún momento se pondrán en riesgo las finanzas del Estado, ya que en
caso extremo, el único presupuesto afectado sería el del propio Tribunal.
En otro orden de ideas, el
diputado Alberto Amaro Corona, dio lectura a la iniciativa por la que se exhorta
al encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tlaxcala; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala y, a través de estos a Magistrados y Jueces de lo Penal, a instrumentar las acciones conducentes que
impidan la filtración de información y el tráfico de influencias, con motivo de
las investigaciones y órdenes de aprehensión, derivadas de las denuncias presentadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, detectados en la rendición de
cuentas públicas municipales.
En este tenor, puso de manifiesto que las
denuncias realizadas están basadas, desde luego, en pruebas y elementos
objetivos, así como en una colaboración estrecha entre el Órgano de
Fiscalización y la Procuraduría General de Justicia, de tal manera que, de
configurarse algún delito, las investigaciones conducentes y las peticiones de
órdenes de aprehensión, estén debidamente fundamentadas y motivadas, pero
también, hay una exigencia legal para que las investigaciones se realicen con
la objetividad, el profesionalismo y la secrecía que marca la ley, de tal
manera que no deba de existir ningún tipo de filtración en la información que
tienen bajo su resguardo tanto la Procuraduría como el Tribunal Superior de
Justicia y los Juzgados Penales, pues entonces, la impartición de justicia que
exige la ciudadanía se desvirtúa y se fomenta la impunidad y la corrupción.
Por ello, desde la máxima Tribuna del
Estado, Amaro Corona exigió a la Procuraduría General de Justicia, a través de
quien actualmente se encuentra encargado del Despacho, para que dejen de
filtrar información respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo
sobre las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior en
contra de ex presidentes municipales, violando la secrecía que debe regir la
investigación de los delitos.
De mismo modo, se pide al Doctor
Héctor Maldonado Bonilla, actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
y a través de él a los Magistrados y Jueces de lo Penal, a que una vez que
radiquen las carpetas de investigación correspondientes, se circunscriban a
iniciar los respectivos procesos y
procedimientos con estricto apego a la ley, sin ningún tráfico de
influencias, sin ningún tipo de filtración de información sobre órdenes de
aprehensión o cualquier otra que vaya en detrimento de la exigencia social de
transparencia en la rendición de cuentas, en el castigo a los responsables de
los desvíos de recursos públicos, que propician impunidad y corrupción.