APLICAR A
SERVIDORES PÚBLICOS POR CASOS DE CORRUPCIÓN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO: MORENA
La representante popular detalló que en el mundo existen avances
sobre el tema a nivel legislativo con las leyes como Ley Modelo Sobre Extinción
de Dominio de las Naciones Unidas y otras desarrolladas en Honduras, El Salvador,
Perú, Guatemala y Colombia.
Contextos
Regionales.- Toluca de Lerdo, Méx. | Benjamín Navarrete | Serán sujetos de procedimiento de extinción de dominio quienes, ya sean
servidores públicos o particulares, cometan delitos por hechos de corrupción,
tráfico de influencias o cohecho, así como todos los casos que impliquen un
incremento patrimonial no justificado, cuando el beneficio económico provenga
de actividades ilícitas, en caso de ser aprobada la iniciativa que para tal
efecto presentó el Grupo Parlamentario de morena.
La lista de ilícitos que estarían bajo la
misma circunstancia se complementa con los ilícitos de abuso de autoridad con
contenido patrimonial, peculado, enriquecimiento indebido y abuso de autoridad
en contra de subalterno y el uso ilícito de atribuciones y facultades.
Además, se incluiría como supuesto para la
ejecución de la acción de extinción de dominio aquellos bienes que constituyan
ingresos, rentas, frutos, ganancias u otros beneficios mencionados en otras
fracciones de la ley, establece la propuesta cuyo objetivo es combatir las
estructuras financieras o económicas ilícitas que dañan severamente a la
sociedad.
Al presentar la iniciativa, la diputada María
del Rosario Elizalde Vázquez (morena) indicó que los legisladores deben
garantizar a los mexiquenses leyes que los protejan, por lo que, como parte de
la estrategia de fortalecimiento del combate a la corrupción, debe trabajarse
en la erradicación de las prácticas que vulneran a la ciudadanía, por lo que es
necesario fortalecer la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México.
Luego de señalar que la extinción de dominio
es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen
o destino ilícito a través de una vía judicial para declarar la pérdida del
derecho de propiedad de dichos recursos, la legisladora subrayó que su
importancia radica en que es un instrumento esencial para ejecutar estrategias
contra el crimen organizado y con un combate firme a la corrupción.
“Su objetivo inherente es cumplir un papel
fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además
de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad;
debemos considerar que es un tema prioritario, no solo en nuestro país, ya que
existe en el medio internacional una normatividad que sirve como referencia en
esta materia”, explicó.
Sobre el problema de la corrupción, la
legisladora citó una nota periodística del diario El País, de febrero de 2018,
la cual habla de los resultados del último informe del Índice de Percepción de
la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, donde
México ocupa la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción,
resultando así como el peor evaluado del G-20 y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de que, según la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el Estado de México en 2015 fue
catalogado como la entidad con mayores actos de corrupción y en febrero de 2018
volvió a ocupar el primer lugar en incidencias de corrupción de todo el país.
La representante popular detalló que en el
mundo existen avances sobre el tema a nivel legislativo con las leyes como Ley
Modelo Sobre Extinción de Dominio de las Naciones Unidas y otras desarrolladas
en Honduras, El Salvador, Perú, Guatemala y Colombia.
María del Rosario Elizalde también dijo que
la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un marco normativo que
ha servido como referente para que otros países evalúen la viabilidad de
implementar una ley de esta naturaleza en su regulación interna.
La iniciativa de reforma a la Ley de
Extinción de Dominio del Estado de México se turnó a las comisiones
legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y
Administración de Justicia para dictamen.
