DIPUTADOS TLAXCALTECAS, APRUEBAN AGRAVAR SANCIONES
NORMATIVAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
Contextos
Regionales.- Durante la décima sesión ordinaria de la
Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; la Sexagésima
Segunda Legislatura Local se adhiere al Acuerdo emitido por el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita a las Cámaras del
Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
agrave las sanciones establecidas para las hipótesis normativas que prevén las
conductas delictivas en materia de hidrocarburos.
Y
tomando en consideración el Artículo 27 Constitucional, párrafo séptimo, que a
la letra dice: …”Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos,
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del
petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del
Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de
la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o
contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad
de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”…
Por
lo que se destacó que la sociedad en general tiene conocimiento de la situación
que se presenta en diversas entidades de la República Mexicana, en torno a la
extracción u “ordeña ilegal” de hidrocarburos, conductas delictivas que han
aumentado con el paso de los años y que generan una grave afectación social,
tanto en los sectores económico y político, como en el ambiental,
circunstancias que motivaran los actos tendientes, a agravar las sanciones ya
establecidas y en su caso a crear mecanismos eficaces para prevenir dichas conductas.
