Eliminar financiamiento
público a partidos políticos no es recomendable según organismos
internacionales: IBD
La asignación de
fondos públicos evita la influencia de agentes privados en decisiones
legislativas o de gobierno.
Necesario mejorar
los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el
financiamiento.
Contextos
Regionales.- En el
Congreso de la Unión existen alrededor de 15 iniciativas pendientes de análisis
que proponen revisar el financiamiento público a los partidos políticos, unas
pretenden reducirles asignaciones y otras eliminarlas, refiere el Instituto
Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su
investigación “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, señala
que la eliminación del financiamiento público para partidos políticos no es
recomendada por organismos internacionales como IDEA (Institute for Democracy
and Electoral Assistance) y otros cuerpos políticos como el Consejo de Europa,
este último, a través de un reporte especial sobre el funcionamiento del
financiamiento de partidos políticos.
El
objetivo de asignar fondos públicos a los partidos políticos es evitar la
influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno, ya que
en otros países se han documentado relaciones de dependencia de candidatos y
organizaciones partidistas hacia organizaciones privadas por buscar fondos para
campañas.
El
documento señala que las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión no
toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de
los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral en razón de
sus nuevas facultades derivadas de la reforma político electoral de 2014.
Según el
IBD, las multas asignadas a los partidos son ínfimas ante las proporciones del
presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario
mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las
multas y el financiamiento.
El
reporte del IBD revela que el esquema actual de multas a los partidos -derivado
de la revisión de sus informes anuales y de campaña- es insuficiente para
disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen
desconocido o gastar sin objeto partidista.
Además,
aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección -como el
rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines
electorales y el uso de dinero ilícito- el actual modelo de fiscalización no es
suficiente para detectarlos.
El IBD
señala que, en el caso de los topes de gasto de campaña, la pronunciada
disparidad de criterios del cálculo de éstos en las entidades federativas hace
poco plausible que se pruebe su rebase.
La
investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica
del IBD, puede consultarse íntegramente en la dirección electrónica:
